Un grupo de contratistas y proveedores del Estado dominicano denunció que diversas instituciones públicas mantienen deudas acumuladas que superan los RD$500 millones, correspondientes a obras y servicios ejecutados desde finales de la década de los noventa.
Los afectados están representados por los abogados Luis Ricardo y Erick Morrobel, de la firma Ricardo & Morrobel Consultores Legales, quienes ofrecieron los detalles durante una rueda de prensa.
Deudas del Estado dominicano se remontan a 1998
Durante el encuentro con la prensa, los juristas explicaron que algunas de estas obligaciones datan del año 1998, lo que ha generado un prolongado proceso de reclamaciones administrativas y judiciales sin resultados definitivos.
Según indicaron, detrás de estas cifras existen ingenieros, arquitectos y contratistas que ejecutaron obras públicas y cumplieron con sus contratos, pero que durante más de dos décadas no han recibido el pago correspondiente.
“Más allá de los números, hablamos de una tragedia humana. Muchos de estos profesionales comprometieron su patrimonio para ejecutar obras públicas, asumieron préstamos y hoy enfrentan consecuencias económicas, de salud y familiares derivadas de esta situación”, señalaron los representantes legales.
Obstáculos administrativos y judiciales
Los abogados explicaron que los procesos de reclamación se han visto afectados por trabas administrativas y judiciales, lo que ha provocado largas dilaciones en el acceso a la justicia.
Indicaron que en varios casos los expedientes han enfrentado decisiones de inadmisibilidad en el Tribunal Superior Administrativo, a pesar de que las deudas están certificadas por las propias instituciones públicas.
Estas decisiones, según explicaron, han sido posteriormente revisadas por la Suprema Corte de Justicia, lo que extiende los procesos durante años.
Además, denunciaron que cuando finalmente se realizan algunos pagos, los montos no son actualizados para compensar la devaluación ni incluyen indemnizaciones suficientes por los daños causados, principalmente de carácter moral.
MOPC dice monitorea infraestructuras críticas en zonas bajo alerta ante paso de Melissa
Burocracia en el Ministerio de Hacienda
Otro de los puntos señalados fue el proceso administrativo dentro del Ministerio de Hacienda, que según los abogados se ha convertido en un trámite altamente burocrático.
Aseguraron que en muchos casos se solicita documentación que ya forma parte de los expedientes o que resulta difícil de obtener debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de las obras.
El “círculo vicioso” con la DGII
Los representantes también denunciaron una situación que afecta a algunos contratistas ante la Dirección General de Impuestos Internos.
Explicaron que para que el Estado pueda efectuar pagos se exige una certificación de cumplimiento tributario. Sin embargo, muchos acreedores no pueden regularizar su situación fiscal precisamente porque el Estado no ha pagado las facturas correspondientes.
“Se genera un círculo vicioso en el que el Estado es simultáneamente deudor y autoridad que condiciona el pago”, expresaron.
Llamado al Gobierno para resolver las deudas históricas
Ante esta situación, los abogados hicieron un llamado al presidente de la República y a las autoridades financieras para crear una mesa de resolución de deudas históricas, que permita revisar los expedientes, validar los montos y establecer un mecanismo institucional de pago.
“Lo que pedimos no es una concesión ni un privilegio. Exigimos el cumplimiento de contratos válidamente suscritos y la preservación de la seguridad jurídica del país”, concluyeron.
Los representantes legales indicaron que continuarán impulsando las acciones judiciales correspondientes y reiteraron su disposición a colaborar con las autoridades para encontrar una solución institucional a este problema que se ha acumulado durante décadas.
Escrito por
